La ley de amnistía aprobada abre un nuevo escenario jurídico en Venezuela

Sofía Pizarro Muñoz

Tras meses de incertidumbre respecto a la situación política en Venezuela, el país ha entrado en un nuevo escenario con la aprobación de la ley de amnistía por la Asamblea Nacional venezolana. Un mes después de la captura de Maduro, se ha desarrollado un marco jurídico para la liberación de detenidos, aunque con excepciones. La norma, promovida por el gobierno interino de Delcy Rodríguez, se presenta como una herramienta para enfrentar la acumulación de conflictos políticos de las últimas décadas.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, y Diosdado Cabello, ministro y segundo presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, este viernes. / Ivan McGregor, Anadolu via Getty Images.

Este jueves 19 de febrero, la Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado una ley de amnistía. De forma unánime, esta ley abre la puerta a una posible liberación de detenidos por motivos políticos y cerrar causas judiciales contra ciudadanos perseguidos, como aquellos que permanecen en la clandestinidad o exiliados. Después de semanas de debate parlamentario y consultas con sectores políticos de la sociedad civil, la decisión llega en un contexto marcado por la incertidumbre institucional y la presión social de la persecución política.

Tras la desconfianza respecto a la legitimidad del Gobierno venezolano, la norma busca dar cobertura legal a un proceso de excarcelaciones comenzadas en las semanas previas sin un marco jurídico claro. Con esta aprobación, el Parlamento pretende establecer un instrumento que permita revisar procesos judiciales abiertos desde finales de los años noventa hasta la actualidad, vinculados a episodios de conflictos políticos, protestas sociales y disputas electorales.

Aún así, dicha ley continúa estableciendo límites, excluyendo de la amnistía a aquellos militares acusados de delitos de rebelión, personas procesadas o condenadas por homicidio, corrupción, tráfico de drogas o violaciones graves de derechos humanos. Estas exclusiones mantienen expectantes a otras organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos (quienes se han reunido en varias protestas durante el fin de semana), advirtiendo que la mayoría de los presos políticos podrían quedar excluidos de los beneficios de esta nueva norma.

La iniciativa ha sido impulsada por la nueva presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien ha defendido la amnistía como un mecanismo para "reencauzar la convivencia" y reducir la confrontación acumulada tras años de crisis política. No obstante, los familiares denuncian la lentitud del proceso y la falta de garantías de la libertad plena de quienes salgan de prisión, muchos de los cuales continúan sometidos a restricciones judiciales. Según datos de la ONG Foro Penal, cientos de personas siguen privadas de libertad por razones políticas, pese a las excarcelaciones anunciadas en las últimas semanas. Por tanto, la aplicación efectiva de la ley dependerá de su promulgación y de la actuación de los Tribunales, revisando los casos en plazos reducidos, lo que podrá alterar o tranquilizar, durante un plazo de tiempo corto, la opinión pública.