La huelga de hambre de activistas propalestinos reabre el debate en Reino Unido

Sofía Pizarro Muñoz

La decisión del Gobierno de Keir Starmer de declarar organización terrorista al grupo Palestine Action ha provocado una huelga de hambre en varias prisiones británicas y ha desatado una fuerte controversia política y jurídica. El caso, que afecta a jóvenes activistas detenidos por actos de sabotaje, vuelve a poner sobre la mesa el equilibrio entre seguridad, derechos fundamentales y libertad de expresión en una democracia.

Una manifestación propalestina en el centro de Londres muestra pancartas de apoyo a Palestine Action en julio de este año. / PA Media, BBC.

Reino Unido vive en estos momentos una situación política y social delicada a raíz de una huelga de hambre protagonizada por varios activistas propalestinos encarcelados. El conflicto tiene su origen en la decisión del Gobierno laborista de Keir Starmer de declarar organización terrorista al grupo Palestine Action, una medida que ha reavivado el debate sobre los límites de la protesta política, el uso del derecho penal y el respeto a los derechos fundamentales en una democracia.

Palestine Action es una organización que se dio a conocer por llevar a cabo acciones directas contra intereses israelíes en territorio británico, especialmente contra instalaciones relacionadas con la industria armamentística. Sus miembros han saboteado fábricas vinculadas a la empresa israelí, Elbit Systems, y han realizado actos simbólicos en bases militares, con el objetivo declarado de denunciar el conflicto en Gaza y la implicación del Reino Unido en la venta de armas a Israel. Mientras los activistas defienden estas acciones como formas de desobediencia civil, el Ejecutivo considera que cruzan la línea de la legalidad y suponen una amenaza para el orden público.

Tras una serie de detenciones relacionadas con estos actos, ocho jóvenes activistas, con edades comprendidas entre los 20 y los 31 años, iniciaron una huelga de hambre en distintas prisiones del país. Algunos de ellos llevan más de cincuenta días sin ingerir alimentos y al menos dos han tenido que ser trasladados al hospital debido al deterioro de su salud. Los huelguistas reclaman la concesión de la libertad bajo fianza, un juicio justo y sin demoras excesivas, el fin de las restricciones a sus comunicaciones y la retirada de la calificación de organización terrorista a Palestine Action. A su vez, exigen el cierre de la fábrica de Elbit Systems en suelo británico.

El Gobierno de Starmer ha insistido en que se están siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones y que el sistema penitenciario cuenta con experiencia en la gestión de huelgas de hambre. Sin embargo, el caso resulta especialmente controvertido, porque ninguno de los presos está acusado formalmente de delitos de terrorismo. Todos fueron detenidos antes de que Palestine Action fuera ilegalizada, por lo que los cargos que afrontan se refieren, sobre todo, a daños a la propiedad y desórdenes públicos. A pesar de ello, la Fiscalía ha apuntado a una posible conexión con actividades terroristas, lo que ha incrementado las críticas de juristas y organizaciones de derechos civiles.

El problema de fondo trasciende este episodio concreto. Por un lado, se cuestiona hasta qué punto el Estado puede ampliar el concepto de terrorismo para incluir formas de protesta radical sin erosionar libertades básicas como la expresión y la disidencia política. Por otro, la grave congestión del sistema judicial británico agrava la situación de los detenidos, ya que algunos no tienen fecha de juicio prevista hasta 2027, lo que convierte la prisión preventiva en una pena prolongada de facto. Más de 900 profesionales sanitarios han advertido del riesgo físico y ético que supone permitir que la huelga de hambre continúe sin una solución política.

Las comparaciones con las huelgas de hambre del IRA en los años ochenta no han tardado en aparecer. Entonces, la falta de diálogo por parte del Gobierno y la rigidez institucional acabaron con la muerte de diez presos y provocaron una crisis internacional. Antiguos participantes en aquellas protestas y dirigentes políticos como la líder del Sinn Féin han instado a Starmer a intervenir para evitar un desenlace similar.

A partir de ahora, el futuro de este conflicto dependerá de si el Ejecutivo opta por abrir una vía de diálogo o mantiene su postura de firmeza. Si la huelga de hambre se prolonga, la presión social y mediática aumentará y una posible muerte en prisión tendría consecuencias políticas muy graves. El caso se ha convertido así en una prueba clave para el Gobierno laborista y para la manera en que el Reino Unido afronta la protesta política en un contexto internacional cada vez más polarizado.