Irán en crisis: Del malestar económico a protestas masivas

Sofía Pizarro Muñoz

A finales de diciembre de 2025, miles de iraníes salieron a las calles en respuesta a un agravamiento de la crisis económica. La moneda nacional, el rial, sufrió una devaluación histórica, la inflación continúa erosionando el poder adquisitivo y la población enfrenta crecientes dificultades para cubrir necesidades básicas como alimentos y servicios públicos. Estas tensiones económicas se suman a problemas crónicos en sectores clave como el suministro de electricidad y agua, que ya habían generado protestas el año anterior por apagones recurrentes y mala gestión de recursos, incluidas restricciones de agua en varias regiones.

Aunque esos cortes de energía y de recursos fueron una fuente de malestar en 2025, las protestas actuales no se limitan solo a los apagones de luz, sino que reflejan un descontento más profundo con las condiciones económicas y políticas generalizadas del país, según observadores internacionales y analistas de la región.

Protestas que se extendieron a todo el país

Los movimientos de protesta, que empezaron el 28 de diciembre, se han propagado rápidamente más allá de Teherán, alcanzando al menos 25 de las 31 provincias del país. Organizaciones de derechos humanos, como Iran Human Rights, estiman que al menos 45 manifestantes han muerto, incluidos varios menores, y más de 2.000 personas han sido detenidas en el marco de estas movilizaciones que reclaman mejoras económicas y, en muchos casos, cambios políticos más profundos. Las protestas no se limitan a las ciudades más grandes, se han observado manifestaciones en lugares tan diversos como centros urbanos y áreas rurales, con localizaciones de protestas en más de 100 ciudades según grupos de vigilancia digital.

Ante la magnitud de las protestas, las autoridades han implementado medidas drásticas para controlar la comunicación. Desde la primera semana de enero, Irán registra un apagón casi total de internet, con conectividad reducida a niveles mínimos, según verificaciones de la organización NetBlocks. Además, las líneas telefónicas móviles y fijas han sido afectadas, lo que ha dificultado la cobertura independiente y la coordinación entre manifestantes.

La respuesta de las fuerzas de seguridad ha sido dura. Diversas organizaciones de derechos humanos han documentado el uso indiscriminado de fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, incluidos disparos contra manifestantes pacíficos, lo que ha causado numerosas muertes y heridos. En varias provincias, las fuerzas del orden han reprimido las movilizaciones con armas de fuego, gases lacrimógenos y detenciones arbitrarias, según informes verificados. El liderazgo del país, incluido el líder supremo, Ayatolá Ali Jamenei, ha calificado las protestas como instigadas por “agentes extranjeros”, aunque no ha ofrecido medidas concretas para resolver las demandas económicas de la población.

Mientras tanto, la comunidad internacional observa con alarma el desarrollo de los acontecimientos. Estados Unidos emitió advertencias claras al régimen iraní, con figuras políticas expresando que habrá consecuencias si el gobierno intensifica la violencia contra manifestantes pacíficos. Líderes de varios países occidentales y organizaciones de derechos humanos han condenado la represión y han exigido respeto a los derechos civiles y la liberación de detenidos.

En paralelo, Irán ha denunciado presuntas interferencias externas, culpando a Estados Unidos e Israel de estar detrás de la agitación social. Este tipo de acusaciones reflejan la narrativa oficial del régimen para deslegitimar las protestas y desviar la atención del malestar interno.

¿El futuro de Irán?

Las protestas continúan a pesar de la represión y el corte de comunicaciones, lo que indica un fuerte nivel de frustración social. Expertos internacionales advierten que, si el gobierno persiste en políticas represivas sin responder a las demandas básicas de la población, la inestabilidad podría intensificarse en las próximas semanas. A la vez, cualquier intento de apertura o negociación con los manifestantes requeriría un cambio significativo en la postura estatal, algo que hasta ahora no ha sido evidente en las declaraciones oficiales.