Hong Kong y el infierno corrupto que se cobra 156 vidas

Isaac Chavida Sánchez-Garnica

El terrible incendio sucedido en el complejo de rascacielos residenciales de la localidad china sigue sumando víctimas mortales. El incendio del complejo residencial Wang Fuk Court de Tai Po arrebató la vida de 156 personas en Hong Kong. Aunque las llamas principales ya están controladas, el fuego político alimentado por las brasas de la controversia y la demanda de transparencia sigue presente en las calles, con el humo de una corrupción que sigue matando lentamente un sistema de construcción en el punto de mira. 

Imagen del incendio. / Tiffany Wertheimer y Yvette Tan, BBC News.

Cuando en un acontecimiento de esta magnitud las víctimas no son el núcleo de las noticias, puede significar dos cosas. La primera, que haya un responsable de las 156 muertes que arrebate las portadas a aquellas personas que confiaron en el gobierno al pagar una vivienda que debía haber pasado con éxito todas los exámenes de seguridad. La segunda, que el gobierno actúe y trate de desviar la atención a otros temas del acontecimiento, logrando un "lavado de cara" que les posicione en un mejor lugar respecto al accidente. El Gobierno chino ha decidido hacer un “all in”, y decantarse por las dos opciones. Simultáneamente. 

Este incendio, no fue un accidente. Fue el resultado de la corrupción económica y las negligencias de la empresa constructora. La empresa Prestige Construction & Engineering (responsable de la rehabilitación del edificio) firmó un contrato millonario por más de 300 millones de dólares para las obras del complejo. Esta empresa, utilizó materiales baratos, inflamables y que no cumplían con las medidas de seguridad necesarias para poder sacar beneficio del contrato firmado. En lugar de alternativas seguras, prefirieron el dinero. Ese dinero, hoy se cobra la vida de 156 personas. Pero la corrupción es una dama que nunca baila sola.

Prestige Construction & Engineering no solo priorizó el capital económico a la seguridad de los ciudadanos, sino que además se esforzaron en que se perpetuara en el tiempo. Investigaciones policiales de las autoridades de Hong Kong sugieren que funcionarios de supervisión o inspectores fueron sobornados por esta empresa para validar intencionadamente el uso de materiales prohibidos. Este mecanismo de soborno permitió a Prestige Construction & Engineering operar a pesar de un historial de sanciones y fallos abrumador (incluyendo las presuntas 146 infracciones mencionadas en algunos informes) Se ha confirmado la detención de varios de sus directores ejecutivos y gerentes de proyectos, además de supervisores de obra y jefes de seguridad de la propia constructora o de las empresas subcontratadas. 

El hecho de que esto ocurra en un complejo de vivienda pública (financiado y regulado por el gobierno) es especialmente grave. Enseña cómo la corrupción se ha incrustado en la adjudicación y supervisión de contratos que afectan directamente a la seguridad de la población de bajos recursos. 

Esta situación ha generado protestas y si la corrupción económica fue el combustible del incendio, la censura política es el muro que protege a los responsables de la rendición de cuentas. El gobierno de Hong Kong, bajo la estricta vigilancia de Pekín, no sólo fracasó en garantizar la seguridad, sino que ahora criminaliza a aquellos que exigen justicia. La prueba más flagrante de esta censura es el arresto del joven activista, Dennis Kwan. Su "crimen" fue pedir públicamente una investigación independiente y transparente sobre las causas del desastre y la corrupción subyacente. El mensaje de esta detención es claro: cuestionar al gobierno de Hong Kong es cuestionar la autoridad de Pekín, y eso será castigado con cárcel. Al criminalizar la crítica, el gobierno logra desviar la atención de su propia negligencia en la supervisión de la constructora Prestige Construction & Engineering y el sistema de sobornos. 

La Oficina para la Protección de la Seguridad Nacional de China respalda estas acciones, tachando las demandas de investigación como intentos de "sembrar el caos". Esto confirma que la prioridad del gobierno es la estabilidad política a toda costa, incluso si el precio es la vida y la víctima la verdad.