Guinea-Bissau: Un Golpe de Estado, ¿pero un golpe en la mesa?

Sofía Pizarro Muñoz

Guinea atraviesa uno de los momentos más decisivos de su historia reciente tras el golpe de Estado que derrocó al presidente Alpha Condé. Lo que comenzó como una acción militar prometida como salvación frente a la corrupción y el desgaste institucional se ha convertido en un proceso incierto marcado por reformas polémicas, tensiones sociales y el temor creciente de que el país cambie de manos sin cambiar realmente de rumbo. Entre la esperanza de una transición auténtica y el riesgo de un nuevo autoritarismo, la ciudadanía guineana observa cómo su futuro vuelve a definirse lejos de su control.

El general Horta N'Tam, del ejército de Guinea-Bissau, prestando juramento como jefe de la transición y jefe del Alto Mando en Bissau, el 27 de noviembre de 2025. / Patrick Meinhardt, AFP.

Guinea vive desde hace años instalada en una tensión política permanente que terminó por estallar con el Golpe de Estado que derrocó al presidente Alpha Condé. Este episodio reciente, liderado por el coronel Mamady Doumbouya, marcó un punto de inflexión que aún define el rumbo del país. Lo que para unos fue una liberación frente a un régimen que consideraban agotado y autoritario, para otros supuso la apertura de un periodo de inestabilidad en el que los militares, en lugar de facilitar una transición hacia una democracia sólida, consolidaron progresivamente su propio control del poder estatal.

El golpe se produjo tras un periodo de creciente desgaste político. Alpha Condé, que había llegado al poder como símbolo de ruptura con las dictaduras anteriores, terminó por enfrentarse a sectores sociales y políticos que lo acusaban de manipular las instituciones para prolongar su mandato. La polémica reforma constitucional que impulsó para poder concurrir a un tercer mandato encendió las calles y dejó un profundo resentimiento en una población agotada por la falta de empleo, la corrupción endémica y la incapacidad del Estado para convertir los enormes recursos naturales de Guinea en mejoras reales para la ciudadanía. En ese contexto, la intervención militar encontró un terreno fértil para justificar su acción.

El golpe de Estado en Guinea se ejecutó de forma rápida y coordinada cuando un grupo de fuerzas especiales lideradas por el coronel Mamady Doumbouya irrumpió en Conakry (la capital) al amanecer, tomó el control del palacio presidencial y detuvo al presidente, Alpha Condé, sin apenas resistencia. Los militares bloquearon los accesos a la capital, aseguraron los principales edificios institucionales y anunciaron por televisión la disolución del Gobierno y la suspensión de la Constitución. En cuestión de horas, la junta se hizo con el mando del país, justificando su intervención como una respuesta necesaria frente a la corrupción, el deterioro político y la crisis social que marcaban el final del mandato de Condé.

Doumbouya irrumpió ante la opinión pública prometiendo una refundación profunda del Estado. Aseguró que el objetivo de la junta militar no era perpetuarse en el poder, sino reconstruir las instituciones, restablecer la confianza en el sistema y abrir un proceso de transición inclusivo que desembocara en elecciones libres. Durante los primeros meses, se registró un amplio respaldo social, impulsado por la esperanza de que la caída del viejo gobierno traería consigo transparencia, estabilidad, redistribución de la riqueza y un fin a los abusos políticos que habían marcado los últimos años de Condé.

Sin embargo, el paso del tiempo fue enfriando ese entusiasmo inicial. Las reformas emprendidas por la junta comenzaron a levantar dudas, especialmente cuando se anunció la redacción de una nueva Constitución que, lejos de limitar el poder militar, abría con claridad la puerta a que sus miembros se presentaran como candidatos en futuros comicios. La aprobación de ese texto mediante referéndum, rodeado de críticas por la falta de garantías democráticas y la ausencia de una oposición verdaderamente libre, reforzó la sensación de que los militares buscaban legitimar por vía legal lo que habían conseguido por vía de las armas.

El liderazgo de Doumbouya ha pasado, entonces, a ocupar el centro de la escena. Con un discurso patriótico y un estilo de mando férreo, el coronel se presentó ante la población como el único capaz de garantizar la estabilidad nacional. Su posterior anuncio de candidatura a las elecciones presidenciales terminó por consolidar la percepción de que el golpe no había sido únicamente un movimiento para rescatar a Guinea del caos institucional, sino un mecanismo para acceder al poder político con aspiraciones de permanencia. La disolución de partidos opositores, las restricciones a la libertad de prensa y la criminalización de las protestas reforzaron esa sospecha.

Para la ciudadanía las consecuencias de este escenario son profundas. Por un lado, persisten la esperanza y la convicción de que Guinea podría, por primera vez en décadas, reorganizar su arquitectura política para superar la corrupción estructural y la mala gestión. Muchos guineanos siguen viendo en la junta una oportunidad para romper los ciclos tradicionales de clientelismo, fortalecer el aparato estatal y distribuir de forma más equitativa los beneficios derivados de la explotación minera, especialmente la bauxita, de la que el país es uno de los principales productores mundiales. La expectativa de una administración menos politizada y de inversiones reales en educación, sanidad y servicios básicos continúa siendo un motor de apoyo popular.

No obstante, la desconfianza crece. Desde distintos sectores de la sociedad civil se denuncia que los avances prometidos no se han traducido en mejoras tangibles. La precariedad laboral sigue siendo evidente, los precios continúan aumentando y la presencia militar en la vida pública ha pasado de ser percibida como un símbolo de orden a verse como una amenaza para las libertades fundamentales. Para una parte de la población el temor es claro, que el país quede encerrado en un nuevo ciclo autoritario disfrazado de legalidad, un sistema en el que las urnas existen, pero no garantizan alternancia ni control real sobre quienes gobiernan.

Guinea se encuentra en un punto decisivo de su historia. El país tiene la posibilidad de aprovechar este momento para reconstruir sus instituciones y sentar las bases de una democracia duradera. Pero esa posibilidad depende en gran medida de la voluntad real de quienes hoy ejercen el poder. Si la junta militar decide abrir un espacio político plural, permitir una oposición sólida y garantizar unas elecciones transparentes, Guinea podría iniciar un camino hacia la estabilidad. Si, por el contrario, opta por consolidar un poder centralizado y blindado, el golpe de Estado no habrá sido más que el inicio de un nuevo capítulo de incertidumbre y desigualdad.

En un país marcado por décadas de gobernanza frágil y profundas desigualdades sociales, la pregunta central permanece abierta: ¿Será este proceso una verdadera revolución institucional o una repetición de los viejos patrones bajo nuevos nombres? La respuesta aún es desconocida, pero será la ciudadanía guineana quien, con su resistencia, su participación y su capacidad crítica, determine hasta qué punto lo que empezó como una ruptura histórica puede transformarse en un futuro distinto y más justo para todos.