¿Drogas, terrorismo, petróleo? La realidad de la situación en El Caribe

Jordi Pascual Pérez

Como se suele decir, ‘la historia no se repite, pero rima’ y parece que en el continente americano los países encuentran ciertos ritmos familiares provenientes de la Casa Blanca de Donald Trump. Desde que en 1971, el republicano Richard Nixon declarara el abuso de narcóticos como “enemigo público número uno”, las acciones de los diferentes gobiernos tanto en casa como en el exterior han tenido brillantes momentos en el aumento de la conciencia social, la mejora en educación para combatir el uso de sustancias ilícitas y la cooperación con Gobiernos de la región.

Sin embargo, la enorme sombra del intervencionismo en el marco de la Guerra Fría (Chile en 1973, Granada 1983, Panamá en 1989…), las operaciones en Colombia, Ecuador y Perú bajo la tutela de la CIA y la Drug Enforcement Administration (DEA en inglés) y los datos de muertes por sobredosis desde 1999 hasta 2023 (1.15M de muertes) según el NCDAS, no invitan al optimismo sobre el resultado de la Guerra contra las Drogas. 

En este escenario, cárteles y grupos paramilitares en la región han aprovechado para diversificar sus actividades más allá del tráfico de sustancias ilícitas sumándose a las dinámicas del tráfico de influencias, tráfico de personas (especialmente en la frontera sur con México), blanqueo de capitales y otras actividades ilegales que, la Administración Trump desde el día uno, está tratando de atajar a su manera. 

Donald J. Trump en el evento Turning Point USA’s America Fest, en Phoenix, Arizona, el 22 de diciembre de 2024. / REUTERS, Cheney Orr.

Entre el límite del bien y el límite del mal: Los juegos legales de la Casa Blanca

Para comprender el despliegue militar de los Estados Unidos en el Caribe, debemos volver al inicio de la legislatura (20 de enero de 2025) y repasar las modificaciones del lenguaje y narrativa en el panorama político y legal que nos llevan al escenario de hoy en día. Expertos en la materia señalan las similitudes entre la escalada de la actual ‘Guerra contra las drogas’ y la Guerra contra el Terror en tanto que la Casa Blanca está utilizando la misma arquitectura legal que en aquel entonces. 

En primer lugar, tan solo un mes más tarde de ser nombrado oficialmente Presidente de los Estados Unidos, el Departamento de Estado liderado por Marco Rubio oficializaba la firma de la orden ejecutiva emitida por Trump en la que se declaraba la designación del Cártel de Sinaloa (México), Cártel de Jalisco Nueva Generación (México), Cártel del Noreste (México), Cártel del Golfo (México), Cárteles Unidos (México), La Nueva Familia Michoacana (México), MS-13 (Estados Unidos) y Tren de Aragua (Venezuela) como Foreign Terrorist Organizations (Organizaciones Terroristas Extranjeras en español) y Specially Designated Global Terrorists (Terroristas Globales Especialmente Designados en español). 

El nombramiento de estas organizaciones criminales transnacionales como FTOs y SDGTs hace difusa la distinción entre el control del crimen y la lucha contra el terrorismo. Conforme a la legislación antiterrorista, la Orden Ejecutiva 13224, que estos nuevos grupos sean considerados como ‘terroristas’ implica el desbloqueo de medidas de protección destinadas a la salvaguarda de la seguridad nacional, véase la congelación de activos, sanciones financieras y, directamente, el uso de la fuerza militar contra actores no estatales. 

De forma complementaria, se designaría al fentanilo y sus precursores químicos como ‘Armas de Destrucción Masiva’ con el fin de ‘desatar todas las herramientas legales para combatir a los cárteles y redes extranjeras responsables de inundar a las comunidades con esta sustancia mortífera’ que, según argumenta la Casa Blanca, serían y son utilizadas por estas recientes FTOs y SDGTs para producir ataques terroristas a gran escala. 

La “crisis de opioides” en Estados Unidos se agrava con el fentanilo. Datos proporcionados por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDCP).

Así pues, la Administración Trump ha estado construyendo una base de justificaciones legales y retóricas para validar el uso de la fuerza letal en el Pacífico y en el mar Caribe. Amparándose en el Artículo II de la Constitución, Trump reclama autoridad para proteger la seguridad nacional y por ello notificó al Congreso que Estados Unidos se encuentra en un `conflicto armado no internacional’ contra ‘grupos armados no estatales’. 

Este movimiento aparentemente atenta contra el Artículo I, cláusula 11 de la Constitución de 1789 donde se le otorga al Congreso de los Estados Unidos el poder de declarar la guerra, y en el presente caso, el Congreso no ha autorizado ningún conflicto armado aunque se han producido debates sobre la violación del Presidente Trump de la War Powers Resolution de 1973. 

Esta resolución aprobada en tiempos de la Guerra de Vietnam obliga al Presidente a que, ‘en cada circunstancia posible’, ‘consulte con el Congreso antes del uso de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos’. En caso de que las hostilidades prosigan más de 60 días, las acciones militares deberán ser consideradas como ilegales y el presidente deberá ‘terminar con cualquier uso’ de las Fuerzas Armadas’.

"Máxima letalidad, nada de legalidad tibia": Cómo matar moscas a cañonazos

Si hay algo de lo que Donald Trump alardea es de ser un “tipo duro” que siempre quiere proyectar una imagen de fuerza ante su audiencia y, guste o no guste, observar a Trump es un espectáculo. Así pues, tras el primer acto, en el que se endureció el discurso y se tomaron drásticas medidas legales contra los cárteles, en el segundo acto ya se observa un uso de la fuerza letal que salta por los aires toda ética y todas las leyes nacionales e internacionales. 

Todo comenzó el 2 de septiembre, cuando el ejército de los Estados Unidos destruyó una lancha motora en aguas internacionales, cerca de la costa de Venezuela, y provocó la muerte de 11 personas a bordo. La justificación ofrecida por la Casa Blanca fue que la lancha estaba siendo operada por el cártel venezolano Tren de Aragua en una ‘misión de tráfico de drogas que se dirigía a las costas de Estados Unidos’. 

Tres meses más tarde, las operaciones del ejército norteamericano no han cesado y ya suman hasta 28 ‘ataques de firma’ o signature strikes en inglés, saldándose con la vida de 104 ‘supuestos terroristas’ y rescatando a 2 personas de las lanchas destruidas. 

La nueva ‘doctrina de la letalidad’ adoptada por el Departamento de Defensa, comúnmente denominado el Pentágono, coincide con las órdenes de su secretario Pete Hegseth de romper con las tradicionales operaciones de interdicción de la Guardia Costera de detener, abordar y procesar legalmente a los sospechosos. 

Pete Hegseth durante el evento POW/MIA National Recognition Day Ceremony en el Pentágono, el 19 de septiembre de 2025, en Washington, D.C. / AP Photo, Julia Demaree.

Ahora, el Pentágono prioriza la destrucción total del objetivo sobre el procesamiento legal o ‘due process’ reconocido a todo individuo por la Constitución de los Estados Unidos. La lógica de los signature strikes es la siguiente: son ataques que no se basan en la identificación confirmada de los individuos, sino en patrones de comportamiento interpretados como amenazantes por la inteligencia y el ejército de los Estados Unidos sin aportar una evidencia clara (o medianamente creíble) de la identidad de los individuos que están siendo atacados.

No obstante, los signature strikes difieren generalmente de los targeted strikes (o ataques selectivos). Estos últimos típicamente consisten en el asesinato calculado de enemigos estratégicos, como altos comandantes, figuras políticas o estrategas militares que atentan contra la seguridad nacional del país. La Guerra contra el Terror en Oriente Medio dejó ejemplos claros como la muerte del comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Qassem Suleimani, en 2019 o la muerte del clérigo de Al-Qaeda, Anwar al-Awlaki en 2011, entre otros muchos más, ejemplifican la función de los ataques selectivos. 

Con todo ello expuesto, los ataques han sido justificados bajo una (indudable) crisis nacional de salud pública (provocada por el fentanilo y otros narcóticos) y una crisis regional de criminalidad (etiquetada por el propio Trump como una “invasión extranjera”) alcanzando la gravedad suficiente para entrar en un escenario de ‘conflicto armado no internacional’ contra los cárteles, recientemente considerados como narcoterroristas. 

La incoherencia estratégica de la Administración Trump en su cruzada contra las drogas y el narcotráfico reside en sus propios objetivos declarados y las acciones emprendidas para lograrlos. 

Por un lado, se declara al fentanilo como Weapon of Mass Destruction (Arma de destrucción masiva en español) y se destruyen narco-lanchas en el Caribe cuando, sin embargo, las mayores cantidades de fentanilo entran por vía terrestre desde México, producido en China y la India.

Las rutas del fentanilo. Álvaro Merino (2023). El Orden Mundial. Fuente CDC (2022), DEA (2020).

El uso de fuerza letal contra enemigos no identificados corre un alto riesgo de violar toda norma u ética existente y así ha sido. En ninguno de los 28 ataques reportados se han presentado pruebas de que las lanchas destruidas portaran armas y mucho menos drogas. 

La controversia estaría más que servida cuando, el 16 de octubre, la Marina de los Estados Unidos realizó un segundo ataque contra dos supervivientes del impacto inicial, provocando así su muerte. Legisladores, exmilitares y expertos en Derecho Internacional acusan al Pentágono de Pete Hegseth de cometer un crimen de guerra al ‘atacar a dos combatientes (o sospechosos) que están incapacitados’. 

Todas estas acciones demuestran las intenciones de utilizar la fuerza letal no como una necesidad militar, sino como una herramienta de proyección de poder hemisférico y control político con una primera parada clara: la República Bolivariana de Venezuela. 

"Maduro, you are fired!": La operación "determinación absoluta"

La madrugada del 3 de enero de 2026 se lanzó la Operación Absolute Resolve (Determinación Absoluta) con el objetivo de capturar al dictador venezolano Nicolás Maduro y trasladarlo a Estados Unidos, donde será procesado por la justicia norteamericana. 

Hablemos de la operación: el ejército de los Estados Unidos realizó una intervención sorpresa con un rigor táctico asombroso. Conforme a lo expuesto por el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine, la operación involucró a 150 aeronaves lanzadas desde 20 bases diferentes, logrando neutralizar las defensas aéreas, destruir radares y sabotear la red eléctrica de Venezuela. Mientras las aeronaves hacían su trabajo en el aire, fueron los Delta Force los encargados de realizar la incursión en la residencia de Maduro, capturar tanto al propio Maduro como a Cecilia Flores (su esposa) y trasladarlos al buque anfibio USS Iwo Jima. 

Fue durante la madrugada del día 4 de enero cuando, finalmente, Nicolás Maduro pisó suelo norteamericano y fue llevado al Centro Metropolitano de Detención (Metropolitan Detention Center en inglés) en Brooklyn a la espera de ser procesado por la DEA y ser juzgado en el Distrito Sur de Nueva York (SDNY). 

Ya en 2020, la misma Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York emitió la misma denuncia en contra de Nicolás Maduro. En esta ocasión y ampliando el número de acusados, a Superbigote y a los suyos se les acusan de los siguientes cargos: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y conspiración/posesión de ametralladoras y aparatos destructivos. En este enlace se podrá encontrar la acusación formal contra Nicolás Maduro, su familia y altos cargos chavistas como Diosdado Cabello.  

Primera imagen de Nicolás Maduro tras su captura publicada en Truth Social por Donald Trump. / Truth Social.

No obstante, la pregunta que muchos se hacen es: ¿Y ahora qué?

El día después: Los problemas que plantea la transición de la administración Trump

‘Estados Unidos dirigirá Venezuela hasta que pueda ocurrir una transición “segura, adecuada y justa”’ fueron las palabras que inicialmente utilizó el presidente Donald Trump para describir el plan de Transición en Venezuela. 

Las reacciones dentro de Venezuela se reportaron de la mano de Delcy Rodríguez, la nueva presidenta de Venezuela y miembro del régimen chavista de Maduro, que no tardaría en ‘exigir la inmediata liberación de su líder’ y declarar a Nicolás Maduro como ‘único presidente de Venezuela’. Cabe resaltar que por mucho que se haya “decapitado” al líder de un régimen tiránico y corrupto como el de Venezuela, miembros de la línea dura del régimen todavía se encuentran en suelo venezolano dispuestos a resistir la caída del gobierno chavista. 

En una columna del The New York Times, la doctora Colette Capriles, experta en psicología social en la Universidad Simón Bolívar de Caracas (Venezuela), reportaba sobre el carácter resiliente del régimen y la imposibilidad de que el gobierno sea desmantelado de la noche a la mañana. La naturaleza del régimen venezolano reside en su fragmentación en una red clientelar compuesta por ‘jefes, lealtades privadas, militares y ruinas institucionales’, descentralizando el poder y dotándole de un “seguro de vida” al sistema. 

Sin embargo, esto no acaba aquí. La existencia de grupos paramilitares favorables al régimen, como lo son ‘los colectivos’, servicios de inteligencia superpuestos apoyados por Cuba o la presencia de grupos guerrilleros colombianos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el oeste plantean dificultades a la Transición si estos son “activados” por los miembros de la línea dura que todavía se hallan en Venezuela. Aunque Maduro esté en fuera de juego, el aparato represivo y las milicias armadas están todavía en el tablero. 

¿Y qué hay de María Corina Machado o de Edmundo González Urrutia? Tan pronto como Trump anunció la captura de Maduro, la Premio Nobel de la Paz de 2025 no tardó en aparecer en las redes sociales publicando un manifiesto celebrando la operación y llamando a la prudencia y cohesión del pueblo venezolano dentro y fuera del país para estar unidos en la ansiada Transición Democrática. 

Si bien la Administración Trump siempre ha apoyado a María Corina y a Edmundo González en su lucha por la liberación de Venezuela, Trump dejó claro que los líderes de la oposición democrática ‘no tienen el respeto ni el apoyo necesario para liderar el país’. 

Desde el Miami Herald hace meses apuntaban que, en la Casa Blanca apuestan por la continuidad institucional y se sostiene que la amenaza de una segunda intervención será suficiente para lograr la cooperación de Delcy Rodríguez y los suyos, que cuentan con el control de las instituciones y de facciones del ejército y no representaría una ruptura abrupta del Madurismo. 

Delcy Rodríguez jurando el cargo como presidenta interina de la República Bolivariana de Venezuela / CNN en español.

Monroe, contigo empezó todo: El corolario Trump a la doctrina Monroe

Tal y como se expuso al inicio, la presencia de los Estados Unidos en Latinoamérica no es un caso aislado, como tampoco lo es su actitud hostil hacia la región. 

El corolario Trump a la Doctrina Monroe de 1823 revive la vieja estrategia perseguida por las administraciones estadounidenses hasta la Segunda Guerra Mundial, la cual expone que los Estados Unidos de América deben reajustar su presencia militar, económica, comercial y política por todo el Hemisferio Occidental y ‘liberar la región de incursiones extranjeras hostiles y el control de activos clave para asegurar el acceso a lugares estratégicos fundamentales’. 

La geopolítica de la guerra contra las drogas de la Administración Trump sugiere que la política antinarcótica y anticriminal esconde una estrategia de poder hemisférico destinada a ejercer un control total sobre su “legítima” área de influencia.  

El despliegue militar masivo en el Caribe (el mayor desde la 1.ª Guerra del Golfo de 1991) no pretende ‘detener el flujo de narcóticos dirigido a Estados Unidos’ sino presionar lo máximo posible a los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela para poder forzar su caída. Tras la operación militar de extracción de Maduro, las fuerzas desplegadas en el Caribe se mantendrán en sus puestos listos para intervenir si el Gobierno interino venezolano “no hace lo que la Casa Blanca quiere”. 

En la rueda de prensa del 3 de enero, Trump invocó el Corolario Trump a la Doctrina Monroe volviendo a indicar que el principal objetivo es “la preeminencia hemisférica estadounidense tras años de negligencia estratégica”. 

Esta lógica busca explícitamente negar a competidores no hemisféricos (como Rusia, China e Irán) la capacidad de posicionar fuerzas o controlar activos estratégicos vitales para la región, como reza en la Estrategia de Seguridad Nacional de la Administración Trump. Por ello, la soberanía económica de Venezuela queda subordinada a los intereses de seguridad de Estados Unidos y el propio Trump planteó que las grandes petroleras estadounidenses tomaran el control de una infraestructura expropiada por el Chavismo para “arreglarla y empezar a generar riqueza”. 

Mientras Estados Unidos hace uso emprende la vía de las “negociaciones agresivas”, es China quien empleando la vía diplomática a través del “respeto” a la soberanía nacional, el comercio e inversiones masivas en áreas clave; controla ya lugares estratégicos como el Puerto de Chancay (Perú) o la estación Espacio Lejano en Neuquén (Argentina) y se erige ya como uno de los principales aliados en la región siendo el mayor socio comercial de América del Sur y, el segundo de América Latina, sólo superado por Estados Unidos. 

Si bien las acciones del Gobierno estadounidense operan en una lógica de herramienta de disuasión global, también tratan de disuadir a líderes regionales como Gustavo Petro (presidente de Colombia) o la propia Claudia Sheinbaum (presidenta de México) ante posibles intervenciones similares contra el narcotráfico en sus países. 

Ilustración de la Monroe Doctrine/ Dibujo político inspirado en el original de Louis Dalrymple.

¿Cuál es el mundo al que nos dirigimos?

Vamos a ser claros, los tiránicos regímenes de Nicaragua, Cuba y Venezuela son merecedores de su colapso y, sin duda, merecen caer. No obstante, jamás hay que olvidar que vivimos en un sistema internacional basado en reglas y normas comunes las cuales todos los estados (o en su gran mayoría) se comprometieron al ‘mantenimiento de la paz y seguridad internacionales; así como la cooperación internacional’ en la Conferencia de San Francisco de 1945 y en los posteriores Convenios de Ginebra hace casi 80 años. 

Resalto que los recientes acontecimientos suscitan un dilema que de nuevo confirma que en política internacional nunca es todo blanco ni tampoco negro; los grises son los que marcan la barrera entre la ética y la norma. En la situación actual, es totalmente compatible y razonable lo siguiente: celebrar la caída de la tiranía chavista, criticar que-una vez más- Estados Unidos vulnera el derecho internacional y su derecho interno (como ya ha sido mencionado anteriormente), criticar que Maduro gobernó ilegítimamente violando toda normativa internacional y derecho humano con su régimen del terror y, por último, reconocer que la prioridad de los Estados Unidos no es ni la liberalización de los venezolanos como tampoco la democratización de Venezuela. 

“Sólo con una acusación criminal no se provee autoridad para utilizar la fuerza militar para deponer a un gobierno exterior”, apunta para Reuters Matthew Waxman, profesor de la Universidad de Columbia. El Congreso de Estados Unidos tampoco autorizó el uso de las fuerzas armadas para realizar dicha operación, al igual que sucedió con la operación de George H.W. Bush en Panamá en 1989, violando ambas la War Powers Resolution de 1973.

Tanto analistas como legisladores advierten que la operación Absolute Resolve sienta un precedente en el nuevo orden mundial que se está gestando tras el final de la Guerra Fría. El senador Mark Warner, vicesecretario del Comité de Inteligencia en el Congreso, apunta que las acciones unilaterales del Gobierno abren la puerta a China para reclamar abiertamente su soberanía sobre Taiwán u otorgar luz verde a Vladímir Putin para seguir actuando a su antojo en el espacio postsoviético. 

El debilitamiento del derecho internacional por, tristemente, una gran lista de estados sienta un precedente muy peligroso y agrava la ruptura del sistema internacional creado a partir de 1945. Ante esta situación, parece indicar que nos dirigimos a un orden mundial de áreas de influencia donde aquellos estados/organizaciones con un mayor poder cultural, económico, militar o político serán capaces de dominar una región a su antojo. 

"La lucha de pocos vale por el futuro de muchos": La lucha por la liberación de Venezuela

La sociedad civil venezolana vuelve a estar una vez más en el foco de la atención mediática. Los hechos sucedidos el 3 de enero que significaron el descabezamiento de Maduro generaron una ola de felicidad y alivio momentáneo tanto a los venezolanos viviendo en el país como a aquellos viviendo en el exterior. 

La realidad de un Estado golpeado por la corrupción, el clientelarismo, la represión, pobreza y hambre obligó a más de 8 millones de venezolanos a dejar su país y emigrar en busca de mejores oportunidades y una calidad de vida digna y justa. Seguramente no sea de agrado preguntar a un venezolano por el Helicoide, el SEBIN o las acciones represivas de “los colectivos” que durante tanto tiempo, y en especial, desde la entrada de Maduro al poder en 2013, han aterrado y reprimido a una población cada vez más cansada de la degradación institucional, la pérdida de poder económico y la pérdida de dignidad mientras se iban violando sistemáticamente todos los derechos humanos en el país que tanto aman. 

Por eso sí, hay que realizar un ejercicio de empatía con la sociedad venezolana y comprender que: después de tantos años de lucha, tras mucha sangre y lágrimas derramadas, por esas largas colas para comprar inexistentes productos básicos, por aquel conocido/amigo/familiar detenido y torturado por el aparato represor; la lucha de pocos valió por el futuro de muchos. 

No obstante, la batalla no ha terminado y Venezuela no ha sido completamente liberada. Aunque Maduro ya no esté, continúan vigentes una grave crisis humanitaria y de pobreza, una economía en ruinas, sectores clave para el funcionamiento básico de un país atrasados y una gran fractura en la sociedad generada tras 27 años de Revolución Bolivariana. 

La situación actual urge la cooperación y movilización total de la sociedad para poder encaminar a Venezuela a la senda de la libertad y de la democracia. Atentos se deberá estar a los movimientos que emprenda el nuevo gobierno de transición del Madurismo y Estados Unidos bajo la premisa de una transición segura y adecuada, pues los riesgos de fractura social y de cimentar un Estado roto de fábrica son altos, muy altos. 

Celebración de venezolanos en el Obelisco de Buenos Aires tras la captura de Nicolás Maduro por el ejército estadounidense. / AFP, Tomás Cuesta.